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Tras recibir una llamada de los servicios jurídicos de ElPais.es, Jorge Cortell ha debido modificar el artículo original.

La versión online del diario El País, El Corte Inglés, FNAC … y millones de españoles cometemos “presuntamente” un delito infringiendo el Artículo 270.3 del nuevo código penal (cuya reforma entró el pasado 1 de octubre en vigor), y sobre los peligros de la cual ya escribí la semana pasada.

El artículo en cuestión dice:
“Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.”
El mencionado apartado 1 dice:
“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.” cometer un delito

ElPais.es, junto con Softonic, distribuye esta semana la tercera entrega de la “colección de software ElPais.es”, disponible en los quioscos por 6´95 euros, la cual incluye (tal y como me ha hecho saber mi amigo Andor), un software de copia de CD y DVD: Roxio Easy CD creator. Este mismo software está a la venta en El Corte Ingles, FNAC, y centenares de establecimientos por todo el territorio nacional.

En él encontramos Daemon Tools, un componente de software que sirve específicamente para suprimir sin autorización o neutralizar sistemas de protección de juegos de ordenador y otras obras protegidas, tal y como dice en su web: “This program allows running Backup Copies of SafeDisc (C-Dilla), Securom, Laserlock, CDCOPS, StarForce and Protect CD (and many others) protected games.”

En mi artículo de la semana pasada ya hablaba de los peligros potenciales que la reforma del código penal, y en particular este artículo (entre otros) suponían para los usuarios de ordenador y redes en nuestro país. No me podía yo imaginar que el primer día de entrada en vigor de la reforma, un medio de difusión nacional como es ElPais.es, quienes han abogado tantas y tantas veces por el endurecimiento del código penal con respecto a la protección de obras protegidas, infringirían presuntamente la ley de modo tan flagrante. Ni que El Corte Inglés o la FNAC, con sus expertos en software, legión de abogados, y departamentos de compras que analizan cada detalle de cada producto que ponen a la venta, comercializarían presuntamente con tecnología prohibida por el código penal.

Que quede claro que no es mi intención dañar la reputación de ninguna de esas grandes empresas (de las cuales soy cliente habitual), ni la de inculpar a millones de españoles … ni la de inculparme a mí mismo (por supuesto que yo uso esos programas, y seguiré usando esos y otros programas mientras no me separen de mi ordenador, pues para eso debería estar la tecnología: para hacernos descubrir el futuro, hacernos más productivos, más creativos … en definitiva más libres, ¡no menos!). Es simplemente otro ejemplo de cómo los conglomerados tecnológico/mediáticos se encuentran en los dos lados de una batalla encarnizada (ejemplo: Sony Music abogando por sistemas anticopia en sus CDs, las cuales han tenido que retirar por la presión de los consumidores, mientras Sony nos vende CDs vírgenes y grabadoras para intentar copiar -legalmente, tal y como establece el concepto de Copia Privada de la vigente Ley de Propiedad Intelectual- esos mismos CDs y DVDs protegidos).

Ya que la reforma del código penal introduce la actuación de oficio en estos casos, es de esperar el inminente arresto de los responsables (¿Gerentes? ¿Editores? ¿Responsables de Compras? ¿Presidentes del Consejo de Administración? ¿Sr. Polanco? ¿Sr. Alvarez? … ¿millones de españoles que poseen este tipo de software?). Una locura, ¿a que sí?.

Por si a alguien le cabe la menor duda, a mí me parece una locura. No porque sean ElPais.es, El Corte Inglés, o la FNAC, sino porque la mera posibilidad de que una ley establezca restricciones tan extremas, permita la actuación de oficio, y pene la mera posesión, es a todas luces retrógrada y muy peligrosa. ¡Una ley nos convierte a millones de españoles en delincuentes por hacer algo que otra ley nos permite!.

La radicalización del debate (si alguna vez existió) sobre la comercialización y restricción de la copia, distribución y difusión de obras de naturaleza intelectual (sea música, poemas, programas de ordenador, o lo que sea) ha llegado a límites insospechados de intransigencia, beligerancia y animadversión. Cuando las leyes permiten situaciones tan graves de “potencial” abuso, se está abriendo la puerta a actitudes facistoides, con todo lo que conlleva (censura, estigma, persecución, etc). Lo triste es que esa actitud es destructiva, y por lo tanto todos salimos perjudicados por ella. Absolutamente todos.

Ya no es un problema de que el artículo tercero del código civil establezca que los jueces deban interpretar las normas de forma coherente con la realidad social del momento, dejando en entredicho el supuesto de mi artículo anterior (donde explicaba cómo se podría condenar a dos años de cárcel a todo el que poseyera un teclado de ordenador). Es un problema incluso mayor. Las libertades por las que tanto se ha luchado en este país, se están restringiendo en el ámbito digital. ¿Por qué?. ¿Qué temen nuestros mandatarios y los grupos de presión?.

Todos sabemos del potencial que tiene la tecnología y las telecomunicaciones. Algunos temen a este potencial, y por ello intentan limitarlo. Demostrémosles que es demasiado tarde. Queremos ser libres, y que la información y la cultura también lo sean. Que nuestra voz se escuche más allá de Internet. Que acabe esta locura.

06/10/04 Nota.- Tras la amable petición de los servicios jurídicos de Prisacom, he accedido a modificar el título y ciertas referencias de este artículo, y he introducido la especificación de que es ElPais.es (y no el diario El País, como mencionaba en el artículo original) quien, junto con Softonic, distribuye el mencionado software. Si quieres saber más sobre porqué he decidido acceder a dicha modificación, lee mi siguiente artículo.

¿Por qué he accedido a modificar el artículo original?.
Por Jorge Cortell (http://jorge.cortell.net)
6 de octubre 2004

5 días después de la publicación del artículo original, he recibido una llamada de los servicios jurídicos de ElPais.es (Prisacom.com). Muy amable y amistosamente me puntualizaban que es ElPais.es y no el diario El País el que distribuía el software (puntualización, que como toda corrección verídica que recibo, agradezco y modifico instantáneamente, siempre en busca de la máxima veracidad), y me solicitaban que eliminase la referencia a El País en el título (cosa que entiendo y no me importa hacer en absoluto), y en el contenido del artículo … y esto último es lo que tengo más problemas en hacer.

Ellos argumentan que:

1) No han cometido ningún delito.

Yo creo que es obvio y patente que no tienen razón, pues no hace falta un experto en leyes para entender el referido artículo del reformado código penal, y cómo la comercialización (y como mencionaba en mi artículo, la mera posesión) de las Daemon Tools constituyen hoy por hoy un delito en este país. Y no hay duda porque se trata de un programa que, como su propia web indica, sirve específicamente para suprimir sin autorización o neutralizar sistemas de protección de obras protegidas mediante la emulación de dichos sistemas (lo que los convierte en absolutamente inoperantes al no ser necesaria su existencia en la copia reproducida de un original que sí las tenga).

Otra cosa muy distinta es que la distribución de dicho software se hiciese sin saber que constituye un delito a partir del 1 de octubre en nuestro país. Eso mismo le ocurre a este y otros programas y tecnologías varias, y a esta y muchas otras empresas (y millones de españoles, recordemos). Pero el que no se incurra en intencionalidad, alevosía, nocturnidad, o vaya usted a saber qué otro agravante o circunstancia, no quita que esto sea hoy por hoy un delito. Y si alguien no cree que sea así, que me explique porqué, pues todos los elementos que introducen la más mínima subjetividad (como el concepto de “específicamente”, que podría interpretarse como “única y exclusivamente para” o “entre otras cosas para”, y ya he comentado en otros artículos que hay sentencias en ambos sentidos) no son relevantes en este caso, pues aun la interpretación más benévola nos llevaría sin duda a la conclusión de que todos los que poseamos o distribuyamos software como el mencionado estaremos infringiendo el código penal.

2) Que mi artículo podría ser constitutivo de un delito de calumnias.

“Artículo 205
Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Artículo 206.
Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad, y, en otro caso, con multa de cuatro a diez meses.
Artículo 207.
El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.
Artículo 211.
La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.”

Por lo tanto:
Resulta obvio que “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” no es el caso, pues lo que cuento en mi artículo ha ocurrido (y sigue ocurriendo), y no hay desprecio a la verdad por ningún sitio (de hecho, una incorrección factual que contenía el artículo ha sido subsanada minutos después de haber sido informado de ello).

Pero, es más, recomiendo que (aunque sea práctica común en el mundo de la abogacía) no se intente coartar mi libertad de expresión con comentarios del tipo “tus acciones podrían ser constitutivas de delito” cuando saben que no es verdad. Eso sólo lleva a un camino de enfrentamiento que no beneficia a nadie … porque como los que me conocen bien saben, si hay algo que a mí no me quita nadie es la libertad e independencia (ni aunque un juez me meta entre rejas).

Además ¿de verdad desean que “el acusado por delito de calumnia quede exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”? ¿o que “las calumnias sea castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses”?. Yo creo que ni lo uno ni lo otro (espero por el bien de todos).

3) Y que el artículo menoscaba la reputación de su empresa.

Como menciono en mi artículo:
“Que quede claro que no es mi intención dañar la reputación de ninguna de esas grandes empresas (de las cuales soy cliente habitual), ni la de inculpar a millones de españoles … ni la de inculparme a mí mismo (por supuesto que yo uso esos programas, y seguiré usando esos y otros programas mientras no me separen de mi ordenador, pues para eso debería estar la tecnología: para hacernos descubrir el futuro, hacernos más productivos, más creativos … en definitiva más libres, ¡no menos!).
[...]
Por si a alguien le cabe la menor duda, a mí me parece una locura. No porque sean ElPais.es, El Corte Inglés, o la FNAC, sino porque la mera posibilidad de que una ley establezca restricciones tan extremas, permita la actuación de oficio, y pene la mera posesión, es a todas luces retrógrada y muy peligrosa. ¡Una ley nos convierte a millones de españoles en delincuentes por hacer algo que otra ley nos permite!.”

Entonces … ¿por qué he modificado partes sustanciales del artículo?

De nuevo, porque mi intención no es ni acusar a nadie de nada, ni de buscar enfrentamientos estériles con nadie. Es simplemente un innato interés de divulgar conocimientos, y de incidir en situaciones (como la reforma del código penal y las implicaciones que conlleva) que deben ser afrontadas con la mayor urgencia.

Además, se han dirigido a mí de un modo muy amable y constructivo, cosa que agradezco enormemente. Y me han hecho ver que sería mejor enfoque el mostrar multitud de ejemplos (que es lo que he hecho en la modificación del artículo, introduciendo a El Corte Inglés, FNAC y millones de españoles) en vez de centrarse en uno sólo.

Quede pues clara la constancia de que no modifico mi artículo ni bajo presiones ni por miedos o amenazas. Creo que su nuevo enfoque y puntualizaciones son positivos y necesarios.

Enlace: La distribución y posesión de cierto software se convierte en delito.

¿Por qué he accedido a modificarlo?.

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